La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) es una organización con más de 30 años de trayectoria en la representación, defensa y fortalecimiento del sector del autotransporte en México. A lo largo de su historia, ha fungido como interlocutor institucional entre transportistas y autoridades, promoviendo la legalidad, el estado de derecho y condiciones justas para el desarrollo del autotransporte de carga, pasaje y turismo.
En ese contexto, en julio de 2024, transportistas de carga y pasaje afiliados a CONATRAM realizaron una manifestación en el estado de Nuevo León en protesta por diversos casos de extorsión y abusos cometidos contra el sector, con el objetivo de exigir una respuesta firme por parte del Gobierno del Estado para frenar estas prácticas.
Dicha movilización permitió visibilizar la problemática y propició que las autoridades iniciaran acciones para atender prácticas irregulares atribuibles a algunos malos elementos. En este sentido, es de reconocer el trabajo realizado en los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, General Escobedo, General Zuazua, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago, los cuales han establecido mecanismos de atención, coordinación y diálogo para prevenir abusos y detenciones arbitrarias por parte de elementos de tránsito municipal.
Sin embargo, el sector enfrenta nuevamente prácticas que afectan gravemente su operación, vulneran el derecho al libre tránsito y generan un impacto negativo en la economía y la cadena logística del estado, por ello las problemáticas que motivan la presente rueda de prensa son las siguientes:
1. Abusos sistemáticos y actos de extorsión por parte de elementos de tránsito municipal en San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García, quienes utilizan la amenaza de remisión a corralón mediante grúa como mecanismo de presión para exigir pagos indebidos, apoyándose en reglamentos de tránsito que contravienen la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al establecer el uso de la grúa en supuestos excesivos, incluso en conductas que no ameritan legalmente dicha medida, sin privilegiar acciones de prevención, orientación y acompañamiento al transporte de carga, lo que afecta gravemente la operación del sector del autotransporte.
2. Anarquía y cobros excesivos en el servicio de grúas y corralones, con tarifas desproporcionadas que alcanzan miles de pesos por pocos días de resguardo, así como el cobro de cantidades elevadas por maniobras que, en muchos casos, ni siquiera se realizan, afectando severamente la viabilidad económica del autotransporte. Asimismo, se ha identificado que algunos permisionarios federales y concesionarios de grúas y corralones operan sin contar con la documentación completa requerida, situación que persiste debido a la falta de supervisión y, en algunos casos, a la protección de las mismas autoridades. Este tema ya fue expuesto a nivel nacional en la Mañanera del Pueblo ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; no obstante, se requiere que el Gobierno del Estado de Nuevo León se sume de manera decidida para ordenar y supervisar los servicios concesionados y aquellos que operan en coordinación con autoridades municipales, especialmente los relacionados con los municipios de San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García.
3. Abusos en los operativos establecidos por las policías de investigación de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, los cuales han derivado en detenciones arbitrarias, revisiones ilegales y afectaciones al libre tránsito del autotransporte de carga, además de la extralimitación de atribuciones que no les corresponden, ya que en diversos casos estos operativos operan en la práctica como controles de tránsito, más que acciones de investigación del delito.
La Confederación no solicita impunidad ni excepciones para el autotransporte. Por el contrario, exige la aplicación estricta de la ley, que toda infracción real y debidamente acreditada se sancione conforme a derecho, se permita su pago en los términos legales, y se garantice la liberación inmediata de las unidades, evitando el uso indiscriminado y abusivo de grúas y corralones.
Por ello, desde CONATRAM se exige de manera puntual:
1. Instalación de una mesa de trabajo urgente con la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León y los presidentes municipales de la zona metropolitana de Monterrey, para establecer acciones inmediatas que frenen los abusos, se sancione a los malos elementos de tránsito y se avance en la armonización y homologación normativa entre las leyes de movilidad del estado, los reglamentos de tránsito municipales y las tarifas estatales de infracciones, grúas y corralones de su competencia.
2. Coordinación inmediata del Gobierno del Estado de Nuevo León con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para inspeccionar, a los permisionarios y concesionarios de grúas y corralones, verificando el cumplimiento de permisos, concesiones, tarifas autorizadas y obligaciones legales, así como retirar del servicio a quienes operen fuera del marco normativo.
3. Reuniones de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a fin de establecer mecanismos efectivos de supervisión, coordinación y control, que garanticen el respeto al marco legal vigente y la investigación y sanción de actos de extorsión, abuso de autoridad y colusión en contra del sector transportista.
4. Reunión con las presidencias de las Comisiones de Justicia y Seguridad, Movilidad y Economía del Congreso del Estado, para impulsar reformas legislativas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León, así como al Código Penal del Estado estableciendo con claridad:
❖ Las causales específicas y limitadas para el uso de la grúa
❖ La obligatoriedad de terminales electrónicas de pago para infracciones
❖ El uso de cámaras portátiles en los operativos de tránsito
❖ Y la sanción penal y administrativa a grueros y corralones que operen sin permiso o concesión.
